Dos exfuncionarios universitarios relacionados con el presunto desvío de recursos en la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) durante la gestión de Gilberto Herrera Ruiz recurrieron a juicios de amparo para evitar órdenes de aprehensión, en medio de la investigación federal por irregularidades que superan los 320 millones de pesos. Se trata de Edgar Arturo Quevedo Martínez, exdirector de Tesorería, y Alonso Cárdenas Alarcón, ambos señalados por la Fiscalía General de la República (FGR) y con expedientes abiertos en los juzgados federales de Querétaro.
De acuerdo con registros judiciales, los juicios de amparo —radicados bajo los expedientes 535/2025 y 224/2025— buscaban suspender actos privativos de la libertad relacionados con la carpeta FED/FECC/FECC-QRO/0000765/2020. Sin embargo, ambos procesos fueron sobreseídos en días recientes. Quevedo, además, ha ocupado cargos en el Senado de la República y la Secretaría de Bienestar, y recientemente se sindicalizó en la UAQ, permitiéndole seguir cobrando sin presentarse a laborar.
La denuncia original, presentada en 2020 por el excontralor universitario José Alejandro Ramírez Reséndiz, señala un esquema de triangulación de recursos mediante convenios con instituciones públicas, bajo un patrón similar al de la “Estafa Maestra”. Quevedo y Cárdenas figuran entre los 14 exfuncionarios investigados, con la Fiscalía indagando la posible colusión de exdirectivos universitarios.
Una reciente investigación periodística reveló que la relación profesional entre Herrera y Quevedo data de al menos 2003, año en el que documentos oficiales acreditan la colaboración de Quevedo en proyectos universitarios coordinados por el entonces académico Herrera. Esta trayectoria de vínculos administrativos refuerza la hipótesis de una red de complicidades que habría escalado hasta cargos de alto nivel y ahora enfrenta consecuencias judiciales.
Además, se señala al abogado José María Manríquez Huerta como operador constante de amparos en defensa del grupo político de Herrera. Manríquez, hermano de un magistrado estatal y con experiencia en los juzgados federales, mantiene relaciones con figuras de alto perfil en el Poder Judicial de la Federación, lo que abre cuestionamientos sobre posibles favores institucionales dentro de la impartición de justicia.
El caso UAQ, que involucra presunta corrupción, redes de protección y estrategias legales, sigue bajo la lupa de la FGR y de la opinión pública queretana.
