Cd. de México. – Hay derrotas que tardan cinco años en convertirse en argumento. La de Mario Zamora Gastélum frente a Rubén Rocha Moya, en junio de 2021, fue durante mucho tiempo una nota al pie: el priista que perdió por más de veinte puntos y que se quedó gritando en el desierto que aquella elección había estado infestada de comandos, urnas robadas y operadores secuestrados. Nadie con poder lo escuchó. El Tribunal Electoral validó el triunfo de Rocha, el PRI nacional le mandó apenas un abogado para la impugnación y el propio Zamora terminaría reconociéndolo con amargura años después: en su momento los dejaron solos.
El 29 de abril de 2026, una corte federal en Nueva York lo escuchó por él.
Ese día, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York desclasificó una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa y otros nueve funcionarios y exfuncionarios por conspirar con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa: protección institucional, filtración de información de las fuerzas del orden y facilitación del flujo de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina hacia Estados Unidos. Pero el detalle que cambió la política sinaloense no fue la lista de drogas. Fue la página tres del expediente, la que ubica el origen del presunto pacto precisamente en la elección de 2021: intimidación, robo de boletas, privación de la libertad de operadores de la oposición. Es decir, la versión de Zamora, ahora con membrete del Departamento de Justicia.
Lo que vino después fue una demolición en cámara rápida. Rocha calificó las acusaciones de falsas y dolosas, resistió unos días y el 1 de mayo pidió licencia «mientras dure el proceso de investigación». El Congreso local, con mayoría de Morena, la aprobó al día siguiente y tomó protesta como gobernadora interina a Yeraldine Bonilla Valverde, de 33 años, trabajadora social, primera mujer en gobernar Sinaloa; la misma a la que Rocha, un año antes, había descrito en público como una «meserita» que llegó al Congreso por tómbola. La FGR citó a los señalados —a Rocha en calidad de testigo—, el exsecretario de Seguridad Gerardo Mérida cruzó a Arizona para entregarse a las autoridades estadounidenses, y una jueza federal soltó la frase que hoy desvela a media clase política sinaloense: los acusados llegarán «por oleadas».
Al cierre de junio, el caso vive en un limbo calculado. México no ha detenido a Rocha —la FGR sostiene que la solicitud estadounidense carece de pruebas anexas suficientes—, Morena lo mantiene en sus filas junto al senador Enrique Inzunza, y cada semana que pasa sin extradición se lee en Washington como un desafío y en Palacio Nacional como prudencia jurídica. Mientras tanto, el estado sigue desangrándose en la guerra entre Los Chapitos y La Mayiza, la crisis de seguridad más larga y costosa de su historia reciente.
Sobre ese escombro se levanta la pregunta que hace dieciocho meses habría provocado risa en cualquier cantina de Culiacán: ¿puede Mario Zamora ser gobernador de Sinaloa?
La aritmética del derrumbe
Los números dicen que la puerta está entreabierta, no abierta. La encuesta de Massive Caller del 24 de junio de 2026 coloca a la coalición Morena-PT-PVEM en 35.1 por ciento, contra 22.7 del PRI, 16.2 del PAN y 8.1 de Movimiento Ciudadano, con 17.9 por ciento de indecisos. Para un movimiento que ganó Sinaloa con más de 56 puntos, ese 35 es una hemorragia. Pero la lectura fina es menos amable con la oposición: mediciones de Arias Consultores y MetricsMx a lo largo del año ubican a Morena entre 38 y 42 por ciento en careos directos, a Zamora entre 11 y 16, y registran un dato demoledor para todos: casi la mitad del electorado no quiere a ninguno de los aspirantes que le ponen enfrente.
La conclusión aritmética es una sola y Zamora la conoce de memoria: la suma opositora ronda el 45 por ciento; dividida, pierde por paliza; unida, compite. Todo lo demás —los spots, las giras, los destapes— es decoración alrededor de ese hecho.
Y la unidad no está garantizada ni siquiera en casa. Alejandro Moreno ya presentó públicamente dos cartas priistas para Sinaloa: Zamora y la senadora Paloma Sánchez. En el PAN, Eduardo Ortiz trae números similares a los del propio Zamora, y Movimiento Ciudadano —con Sergio Torres, sobreviviente de un atentado— coquetea con jugar solo, que en Sinaloa 2027 equivale a jugar para Morena. Enfrente, el oficialismo cerró en junio el registro de su proceso interno con trece aspirantes, encabezados por la senadora Imelda Castro, con Gerardo Vargas Landeros —desaforado, procesado y en ruptura abierta con el rochismo— como el elemento más volátil de la ecuación.
El escenario: Zamora gobernador
Supongamos, entonces, que las piezas caen de su lado. Que la extradición avanza o al menos el caso sigue vivo en 2027; que la oposición logra el frente amplio PRI-PAN y arrastra o neutraliza a MC; que la interna morenista deja heridos y que el hartazgo por la violencia convierte la elección en lo que Zamora necesita que sea: un referéndum sobre el narcogobierno, no una boleta de partidos. En ese mundo, Mario Zamora rinde protesta a finales de 2027 como el primer gobernador de oposición del Sinaloa de la 4T. ¿Y luego qué?
Lo primero que encontraría es que ganar la gubernatura no es ganar el estado. Morena controlaría previsiblemente una porción importante del Congreso local y de los ayuntamientos, además de todo el andamiaje federal: programas sociales, Guardia Nacional, Ejército, fiscalía federal y una Presidenta de su partido con la que Zamora tendría que cohabitar cuatro años. La estrategia para «sacar a Morena de Sinaloa» no podría ser, por tanto, una purga frontal; sería un desmontaje por capas, y cada capa tiene su propio riesgo.
La primera capa es la seguridad, y es donde su promesa de campaña se vuelve trampa o legado. Zamora ha dicho que sí se puede gobernar Sinaloa sin pactar con el crimen, en contraste explícito con Rocha, que llegó a hablar de coordinarse con el narco para poder gobernar. Sostener esa tesis desde el escritorio del gobernador, en medio de una guerra entre facciones que no pidió permiso a nadie para empezar y no lo pedirá para continuar, exigiría una depuración quirúrgica de la policía estatal y la fiscalía local —las instituciones que el expediente de Nueva York describe como capturadas—, una alianza operativa total con el gabinete federal de seguridad, y probablemente una interlocución incómoda pero inevitable con las agencias estadounidenses que hoy son sus aliadas narrativas. El precedente de Mérida entregándose en Arizona sugiere que la cooperación con Washington seguiría atravesando el sexenio, gobierne quien gobierne.
La segunda capa es institucional. Un gobierno zamorista tendría el incentivo —y la munición documental— para abrir los archivos del rochismo: auditorías, fiscalía anticorrupción con dientes, colaboración con la FGR y con las cortes de Nueva York en lo que la ley permita. Es la vía para convertir el triunfo electoral en desmantelamiento político del morenismo local: no perseguir militantes, sino documentar la captura del Estado. El riesgo es evidente y tiene nombre en la historia reciente de México: si la justicia transicional se percibe como revancha de partido, la víctima electoral de 2021 se convierte en verdugo de 2028, y Morena —que a nivel nacional seguiría siendo la fuerza dominante— tendría el pretexto perfecto para victimizarse y reconstruirse rumbo a 2033.
La tercera capa es la más difícil de todas porque no depende de él: la economía del miedo. Ningún gobernador saca a Morena de Sinaloa si no saca antes a los sinaloenses del encierro. Reactivar el campo, la pesca, la ganadería y el turismo devastados por dos años de guerra entre cárteles —los sectores que el propio Zamora recorre desde 2026 en su precampaña de facto— sería la única prueba que el electorado le aceptaría como definitiva. La lección del propio caso Rocha es brutal en su simpleza: en Sinaloa los gobiernos no caen por las encuestas; caen cuando el costo de sostenerlos se vuelve impagable.
Los otros finales
Este escenario tiene, por supuesto, sus contraescenarios, y conviene enunciarlos con la misma frialdad. El primero: Morena se renueva. Una candidata sin señalamientos —Imelda Castro encabeza sus mediciones internas— más una gobernadora interina joven que administre decorosamente la transición, más el músculo territorial de los programas sociales, pueden bastar para retener el estado con 38 puntos frente a una oposición fracturada. El segundo: el caso se enfría. Si la extradición nunca llega y la FGR archiva, el tema Rocha pierde combustible mediático y para mediados de 2027 la elección vuelve a ser una elección normal, terreno donde Morena sigue siendo favorita. El tercero: el factor que nadie controla. El expediente de Nueva York documenta que en 2021 hubo actores armados con candidato propio. Nada garantiza que en 2027 no los haya, y esa es la variable que ninguna encuesta mide y ningún estratega quiere pronunciar en voz alta.
Mario Zamora repite desde abril que la historia le está dando la razón. Es verdad, y es también su mayor peligro: la razón, en política, no es un programa de gobierno. En 2021 le robaron una elección y tardó cinco años en poder probarlo. Si en 2027 le entregan un estado en ruinas, tendrá seis para demostrar algo mucho más difícil que su inocencia de entonces: que Sinaloa se puede gobernar sin pedirle permiso a nadie.
