Tijuana, Baja California.- La Universidad Nacional Rosario Castellanos fue presentada por el Gobierno federal como una de las grandes banderas educativas del nuevo sexenio: más cobertura, más espacios universitarios y una supuesta alternativa pública para miles de jóvenes excluidos de la educación superior.
Pero en Baja California, particularmente en la Unidad Académica de Tijuana, el discurso oficial empieza a chocar con una realidad incómoda: señalamientos de opacidad, deficiencias administrativas, presunto aprovechamiento de servicios internos y dudas sobre el perfil del director Sandro Octavio Cerna García.
Lo que debía ser una institución modelo, hoy enfrenta cuestionamientos que obligan a una pregunta de fondo:
¿la expansión universitaria de la 4T está creciendo con controles reales o sólo con propaganda?
El crecimiento acelerado también trajo desorden
La Universidad Nacional Rosario Castellanos ha sido impulsada como una pieza clave del proyecto educativo federal. Su expansión a distintas entidades del país se ha vendido como una respuesta al rezago histórico en educación superior.
Sin embargo, ese crecimiento acelerado también ha abierto grietas.
Trabajadores, docentes y estudiantes han señalado problemas de organización interna, falta de recursos, carencias operativas y deficiencias en infraestructura. No se trata de un hecho aislado ni de una queja menor: en años anteriores, profesores del entonces Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos ya habían denunciado presuntos actos de nepotismo, opacidad administrativa y fallas en los procesos de contratación.
Ahora, en Baja California, los señalamientos vuelven a encender las alertas.
Tijuana: el plantel donde la narrativa federal se atoró
En la Unidad Académica de Tijuana, integrantes de la comunidad universitaria han expresado preocupación por la forma en que se administra el plantel bajo la dirección de Sandro Octavio Cerna García.
Entre las quejas se encuentran la presunta falta de atención al alumnado, a la planta docente y al personal administrativo, además de una ausencia constante del directivo en el campus.
La inconformidad no se limita al trato interno. También existen señalamientos sobre la operación de servicios dentro del plantel, particularmente la cafetería, de la cual —según denuncias internas— presuntamente se estaría beneficiando el propio director de la unidad, sin que exista claridad pública sobre la autorización federal obligatoria para su funcionamiento.
Ese punto es delicado.
Porque si un servicio dentro de una universidad pública opera sin reglas claras, sin permiso debidamente acreditado y con posible beneficio para un funcionario interno, el tema deja de ser administrativo y se convierte en un asunto de rendición de cuentas.
El perfil del director, bajo cuestionamiento
A las dudas sobre la operación del plantel se suma otro elemento: el perfil académico y profesional de Cerna García.
De acuerdo con la información curricular disponible, existen dudas sobre si cuenta con la preparación idónea para dirigir una unidad académica universitaria. La dirección de un plantel de educación superior no puede tratarse como un encargo político, ni como premio burocrático, ni como refugio de funcionarios reciclados.
Cerna García ya había ocupado cargos municipales anteriormente, con resultados cuestionados. Ahora, al frente de una institución universitaria federal, las quejas apuntan a una gestión marcada por ausencias, desorden interno y falta de respuesta a la comunidad.
La pregunta es inevitable:
¿quién lo nombró, bajo qué criterios y con qué evaluación de desempeño?
Una universidad pública no puede operar como oficina política
El problema de fondo no es sólo Tijuana.
El caso exhibe una falla estructural en el modelo de expansión de nuevas universidades públicas: abrir sedes no basta. Crear matrícula no basta. Colocar logotipos federales en edificios tampoco basta.
Una universidad pública necesita presupuesto, infraestructura, docentes contratados con reglas claras, servicios regulados, autoridades con perfil académico y mecanismos de vigilancia que impidan el uso discrecional de espacios, recursos y cargos.
Cuando eso no existe, la promesa educativa se convierte en simulación.
Y cuando los estudiantes empiezan a denunciar abandono, carencias y opacidad, el gobierno tiene dos caminos: investigar o encubrir.
La UNRC debe responder
La Universidad Nacional Rosario Castellanos y las autoridades federales competentes deben aclarar públicamente los señalamientos en Baja California.
Deben informar si la cafetería de la Unidad Académica Tijuana cuenta con autorización formal; quién la opera; bajo qué permiso; si existe algún beneficio económico para personal directivo; y qué medidas se han tomado ante las quejas de estudiantes, docentes y trabajadores.
También deben transparentar el nombramiento de Sandro Octavio Cerna García: su perfil, experiencia, evaluación y permanencia en el cargo.
Porque la educación pública no se defiende con discursos. Se defiende con instituciones limpias.
La corrupción también puede entrar por la puerta de la universidad
El proyecto Rosario Castellanos fue presentado como una causa noble: ampliar el derecho a estudiar.
Pero ninguna causa educativa justifica la opacidad.
Si en Baja California hay uso irregular de servicios internos, autoridades ausentes, perfiles cuestionados y abandono a la comunidad universitaria, el Gobierno federal está obligado a actuar.
De lo contrario, la Universidad Rosario Castellanos corre el riesgo de convertirse en otra vitrina de propaganda: mucho discurso social por fuera, pero con los mismos vicios de siempre por dentro.
La 4T prometió llevar educación al pueblo.
En Tijuana, primero tendrá que explicar por qué su universidad huele a desorden, improvisación y presunta corrupción.
