CIUDAD DE MÉXICO, 11 DE AGOSTO DE 2020.- Un juez federal ordenó la detención de 19 exfuncionarios de la disuelta Policía Federal y del Consejo de Seguridad Nacional, entre ellos el exsecretario general de la FP Jesús Orta Martínez y Frida Martínez Zamora, por sospecha de crimen organizado de 2010 a 2017.
Orta fue hasta el pasado 4 de octubre Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en el Gobierno de Claudia Sheinbaum, quien el fin de semana confirmó que su renuncia era consecuencia de esta investigación que la Fiscalía General de la República seguía en su contra.
En el caso de Frida Martínez, se trata de una de las colaboradoras más cercanas de Miguel Ángel Osorio Chong, ex Secretario de Gobernación y actual senador del PRI.
Desde hace un año, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Alfonso Durazo, había solicitado a la SFP indagar y sancionar pagos millonarios en la compra y mantenimiento de aviones y helicópteros, así como pagos inflados en la compra de patrullas y en arrendamientos, a partir de hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación.
El órgano fiscalizador había encontrado que en 2015 y 2016 la corporación contrató servicios para el mantenimiento de su flota terrestre y aérea por 890 millones de pesos, pero sólo solventó 467 millones, por lo que la PF inició 2017 con una deuda de 423 millones de pesos.
Detectó que en el contrato SEGOB/PF/SG/CSG/ DGRM/C023/2016, con fecha del 31 de marzo de 2016, para mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales, no se acreditó que la empresa contara con personal para realizar el servicio.
También encontró que entre 2010 y 2017 el Comité Técnico del Fideicomiso para la Plataforma de Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento de Seguridad Pública y de Aeronaves autorizó ilegalmente la adquisición de 40 autos por 83 millones 446 mil pesos.
Entre los contratos irregularidades se encuentra una asignación sin licitación a la empresa Integra Arrenda, de Grupo Andrade, para el arrendamiento de mil 500 patrullas por un monto superior a los 4 mil millones de pesos.
Hace un año en las investigaciones se implicó también a Jorge Márquez Montes, oficial mayor de la Secretaría de Gobernación, pero hasta ahora no hay orden de captura contra él.
