CIUDAD DE MÉXICO, 20 DE AGOSTO DE 2020.- Una iniciativa para prohibir la venta de bebidas azucaradas y alimentos con alto contenido calórico en primarias y secundarias de la Ciudad de México fue presentada ayer por el diputado local Miguel Ángel Macedo Escartín.
La propuesta del morenista plantea reformar la Ley de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de México y catalogar como “delito contra la salud” la venta de esos productos.
De aprobarse la iniciativa –que fue turnada a comisiones unidas de Salud y de Atención al Desarrollo de la Niñez para su análisis y dictaminación–, también prohibiría el uso de máquinas expendedoras en los centros escolares y sólo eximiría las donaciones o regalos de esos alimentos “a las personas que realicen lo anterior en calidad de madres, padres, tutores legales hacia sus hijas, hijos o menores de edad bajo su tutela”.
En la argumentación, Macedo Escartín expuso que el objetivo es “aportar a la resolución de graves problemas en materia de salud, que se gestan desde la infancia a través del consumo de alimentos de alto contenido calórico y bebidas azucaradas”.
Para el diputado panista Federico Döring, la iniciativa “es una cortina de humo para justificar el pésimo manejo de pandemia del subsecretario de salud, Hugo López-Gatell y de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum”.
Consideró que hay mejores opciones, como la enseñanza de buenos hábitos alimenticios desde la primera infancia.
(La iniciativa) recuerda aquella otra propuesta de Morena de las cervezas tibias para evitar su consumo”.
Döring, integrante de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, expuso en entrevista que la iniciativa podría dañar a las empresas que se dedican a producir estos productos.
Jorge Gaviño, vicecoordinador de la bancada del PRD, consideró que la iniciativa de Macedo “es una mala copia de las reformas a las leyes aprobadas en Oaxaca y en Tabasco; la prohibición de la venta, entrega, donación y regalo de diversos alimentos lo equipara a delitos contra la salud, situación que es desproporcionada e inaplicable por razón de competencias, federales y locales, y no contribuye a mejorar la salud de niñas, niños y adolescentes”.
