Claudia Sheinbaum aseguró que su administración ha logrado “limpiar” las aduanas del país, aumentando la recaudación gracias a una reducción en la corrupción ligada a la evasión de impuestos, especialmente del IVA. Según sus cifras, la revisión más estricta de contenedores permitió captar 150 mil millones de pesos adicionales desde su llegada al poder, y 250 mil millones si se contabiliza la gestión previa de López Obrador.
Pero más allá de las gráficas de recaudación, el control aduanero es un campo donde la opacidad y el riesgo conviven con el discurso oficial. Especialistas en seguridad advierten que cerrar la puerta a la evasión fiscal no garantiza que se frene el contrabando de mercancías peligrosas, incluyendo los precursores químicos usados para fabricar drogas sintéticas. “Si Estados Unidos no puede revisar todos los contenedores, ¿quién asegura que aquí no pasen cargamentos ilícitos?”, advierte un consultor en comercio exterior.
La estrategia: Marina en puertos
Sheinbaum recordó que el presidente López Obrador entregó el control de puertos a la Secretaría de Marina, lo que, en su visión, redujo la corrupción en la operación de las APIs y mejoró la recaudación. Sin embargo, informes internos filtrados en 2024 ya señalaban que el cambio de manos no erradicó las redes de sobornos para evitar revisiones, sino que cambió de actores.
El costo de la corrupción invisible
En el modelo que describió la mandataria, un contenedor con textiles que paga 10 % de impuesto puede ser declarado como mercancía de menor gravamen si se evita la inspección, a cambio de un soborno. El problema: el incentivo para evadir sigue vivo, y la capacidad para revisar cada carga sigue siendo limitada. Manzanillo y Lázaro Cárdenas, dos de los puertos más importantes, continúan con problemas de saturación y largas filas de tractocamiones, un cuello de botella que puede ser aprovechado para el flujo de mercancía ilícita.
Recaudación vs. seguridad
Aumentar los ingresos fiscales es una meta legítima, pero la seguridad nacional exige algo más: transparencia en el manejo de aduanas, auditorías independientes y cooperación internacional para rastrear cargamentos sospechosos. Mientras tanto, el país sigue enfrentando un dilema: se recauda más, pero la puerta de entrada a mercancías peligrosas no está totalmente cerrada.
