México.- La advertencia salió de Washington sin matices: se acabaron los márgenes de tolerancia. El señalamiento contra Rubén Rocha Moya no fue un hecho aislado, sino el inicio de una ruta. En ese mapa, Baja California dejó de ser periferia para convertirse en punto de interés.
Y en el centro de ese tablero aparece Marina del Pilar Ávila Olmeda.
La gobernadora llega a este momento con un lastre que en política exterior pesa más que cualquier discurso: la cancelación de su visa por parte del gobierno de Estados Unidos en 2025, una medida que también alcanzó a su entonces esposo, Carlos Torres Torres. En términos diplomáticos, no es un trámite administrativo; es una señal de desconfianza sustentada en información que no se hace pública.
Ese episodio no se explica solo.
Detrás hay un entramado político y operativo que hoy empieza a delinearse con mayor claridad. Por un lado, el Grupo Marina-Torres, el círculo íntimo del poder estatal: familiares, operadores y funcionarios que orbitan directamente alrededor de la gobernadora. En ese núcleo, Torres no es una figura decorativa; es un actor señalado por haber operado negocios y relaciones al amparo del poder, lo que detonó alertas incluso fuera del país.
Por el otro, el Grupo Ensenada-Jalisco, donde aparecen empresarios, funcionarios municipales y operadores vinculados a dinámicas económicas y territoriales clave. Este bloque no solo ha sido señalado en el ámbito político local: existe referencia a un expediente identificado como FED/FEMDO/FEIDH/DAI-VR-BC/0009656/2025, ligado a líneas de investigación en coordinación entre la FGR (FEMDO) y agencias estadounidenses.
El dato no es menor. Es la evidencia de que el seguimiento no es retórico.
Ambos grupos, lejos de operar por separado, se cruzan. Y ese cruce es el punto crítico: decisiones de gobierno, asignación de contratos y control político convergen en una misma estructura.
Ahí es donde la responsabilidad deja de ser difusa y se concentra en la figura de la gobernadora.
El entorno interno tampoco ayuda. Marina del Pilar no solo enfrenta presión externa, sino una fractura política doméstica: choques con el exgobernador Jaime Bonilla, acusaciones de haber entregado el estado al crimen organizado y rupturas dentro de Morena, como la salida de la exalcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero.
En medio de esa crisis, la mandataria no ha contenido el desgaste; lo ha profundizado al intentar construir una sucesión a modo.
El eje de esa operación política tiene nombres: Netzahualcóyotl Jáuregui Santillán y la senadora Julieta Ramírez Padilla. Él, secretario de Bienestar estatal, operador político de confianza; ella, aspirante abierta a la gubernatura en 2027.
El binomio no solo concentra poder: acumula señalamientos.
- Uso electoral de programas sociales.
- Denuncias por presunto desvío de recursos.
- Nóminas paralelas con al menos 10 operadores (“aviadores”) ligados a la estructura de Bienestar con percepciones de hasta 12 mil pesos mensuales.
- Acusaciones de que 73% de apoyos sociales se habrían concentrado en militantes de Morena.
A la ruta local se le agrega una conexión nacional incómoda: contratos públicos ligados al consorcio COCEI, señalado por su cercanía con el grupo de Adán Augusto López Hernández, con montos que en 2025 habrían superado los 2 mil 800 millones de pesos.
No es un dato suelto. Es la pieza que amarra Baja California con las redes nacionales de poder de Morena.
Mientras tanto, los audios, las denuncias internas y los testimonios sobre el uso de programas sociales como herramienta de presión política terminan de dibujar el cuadro: un gobierno que no solo administra recursos, sino que los convierte en control territorial y electoral.
En ese mismo tablero aparece Julieta Ramírez, presentada como relevo, pero leída por sus críticos como blindaje político. Su eventual candidatura no representaría una ruptura con el grupo de Marina del Pilar, sino la continuidad de una estructura que busca sobrevivir al desgaste, a las investigaciones y a la presión que ya viene desde Estados Unidos.
Ahí está el punto delicado.
Washington no suele mirar solamente a una persona. Mira redes, flujos, contratos, operadores y patrones. Y en Baja California el patrón empieza a repetirse: visas canceladas, nombres bajo seguimiento, expedientes abiertos, operadores políticos expuestos y una sucesión diseñada para conservar poder.
Con Rocha Moya, Estados Unidos ya mostró el método: primero observa, después documenta, luego presiona y finalmente actúa.
Baja California parece estar entrando en esa misma ruta.
Todavía no existe una acusación formal contra Marina del Pilar ante una corte estadounidense. Pero políticamente el expediente ya respira.
Y cuando Washington deja de mirar de lejos, rara vez es para olvidarse del caso.
