En una sesión del Congreso del Estado de Tamaulipas que bien podría pasar por un ejercicio de cinismo político, la diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente, conocida como «Paloma Guillén», presentó su agenda legislativa para el segundo periodo ordinario de la Legislatura 66. Representando al Partido Revolucionario Institucional (PRI), Guillén Vicente habló de «dignidad, no silencios», de derechos humanos «sin simulación» y de poner «límites al poder».
Pero, ¿cómo puede alguien con su trayectoria predicar moralidad cuando su partido –y ella misma– fue parte del sistema que permitió el auge del narcotráfico en México, especialmente en Tamaulipas?
El discurso, pronunciado este mismo día en el pleno legislativo, fue un catálogo de prioridades supuestamente progresistas: una agenda de cuidados con enfoque comunitario, protección a la infancia, salud mental como derecho humano, gestión de riesgos en protección civil, regulación ética de la inteligencia artificial y un llamado a visibilizar temas globales como Venezuela, Donald Trump, Groenlandia y el Tratado de Libre Comercio.
Guillén Vicente enfatizó: «Yo no vengo a agradar, vengo a cumplir con serenidad, sí, con respeto siempre, pero siempre con convicción». Insistió en que su agenda nace «de la realidad, de la que duele», y advirtió sobre gobiernos que se equivocan «creyendo que no llegarán a la dictadura, al aislamiento».
Sin embargo, esta retórica choca frontalmente con su historial. Guillén Vicente, de 64 años, ha sido una figura clave del PRI en Tamaulipas durante décadas.
Ocupó cargos de alto nivel durante los gobiernos de gobernadores priistas hoy vinculados al crimen organizado. De 2002 a 2004, fue Secretaria General de Gobierno bajo Tomás Yarrington, extraditado a Estados Unidos en 2017 por lavado de dinero y nexos con el Crimen Organizado.
Posteriormente, en 2005-2006, sirvió como Procuradora General de Justicia bajo Eugenio Hernández, también extraditado por cargos similares de corrupción y vínculos con narcos.
Estos periodos coinciden con el pico de violencia que fue principio de una pesadilla que azotó en todo el país; es a ella, representando al Gobernador, Tomás Yarringtón a quienes se les escapó el problema de las manos.
Críticos en redes sociales y foros locales la llaman «beneficiaria eterna del priísmo narco, corrupto y ladrón», recordando cómo el PRI dominó Tamaulipas por años, permitiendo –por acción u omisión– que el narco se enquistara en instituciones.
Documentos como organigramas de la PGR de la época la sitúan en entornos donde el crimen organizado operaba con impunidad. Aunque no hay acusaciones judiciales directas contra ella, su silencio histórico sobre estos temas durante su auge en el poder la hace cómplice por asociación.
¿Cómo hablar ahora de «derechos humanos sin simulación» cuando, como procuradora, el estado era un cementerio clandestino?
En el contexto de la «guerra contra el narco» iniciada en 2006, que dejó huellas profundas en Tamaulipas –como fosas clandestinas y cotidianidad marcada por el miedo–, el discurso de Guillén Vicente suena hueco.
Critica posibles «dictaduras» y «silencios como violencia», pero ignora el legado priista que facilitó el cáncer del crimen organizado, como documentan antologías y reportajes sobre el tema. Su agenda incluye regulación de IA y salud mental, temas modernos, pero evade la rendición de cuentas por el pasado.
Esta intervención en el Congreso –donde el PRI es minoría absoluta– parece un intento de reposicionamiento personal en un panorama dominado por Morena. Pero para muchos tamaulipecos, es inmoral: una priista hablando de dignidad desde el púlpito, mientras el estado aún lidia con las secuelas de la era que ayudó a construir.
En redes, el eco es mínimo por ahora –la sesión es reciente–, pero comentarios históricos la pintan como parte del «narcogobierno» priista.
¿Reforma ética o lavado de imagen?
Los votantes de Ciudad Victoria, epicentro de la violencia pasada, juzgarán.
