El 14 de enero de 2026, la Barra de los Gallos Blancos —vetada por los hechos violentos del 5 de marzo de 2022— reaccionó con abucheos en el Estadio Corregidora luego de que el gobierno estatal confirmara que el veto se extenderá dos años más. En cuestión de minutos, el grupo político-comunicacional del diputado federal Gilberto Herrera Ruiz convirtió esa protesta de una porra sancionada en una narrativa de “hartazgo social”, ocultando deliberadamente su origen: una medida de seguridad por violencia extrema.
Horas antes del partido, el gobernador de Querétaro informó que la barra seguiría sin poder ingresar al estadio como parte de las sanciones derivadas del 5M, cuando una batalla campal entre porras dejó decenas de heridos y expuso una de las peores fallas de seguridad en la historia del fútbol mexicano.
La respuesta fue inmediata: la porra sancionada protestó desde las gradas. No hubo movilización ciudadana, ni marcha social, ni causa política: hubo reclamo de un grupo castigado por antecedentes de violencia.
in embargo, lo que vino después no fue espontáneo: fue una operación de propaganda.
Cuentas vinculadas al llamado “cártel de Gilberto” —entre ellas el regidor Fernando Flores (AVSE), el operador digital Felipe Samayoa y Iván Adair, presentados como “asesores” mientras cobran en nómina pública— comenzaron a difundir los videos con etiquetas como “#YaSeVan”, “hartazgo” y “repudio al gobernador”, intentando vender como indignación ciudadana lo que en realidad fue una protesta de barra.
En esa narrativa, la barra vetada fue convertida en “el pueblo”, y la sanción por violencia fue presentada como una “imposición autoritaria”.
Especialistas en comunicación política advierten que esta técnica es típica de los grupos radicalizados:
tomar una reacción de un grupo con antecedentes violentos y reciclarla como causa social, con el objetivo de legitimar la presión y borrar la responsabilidad original.
QUIÉN ESTÁ DETRÁS
El epicentro de esa narrativa es el diputado federal de Morena Gilberto Herrera Ruiz, quien mientras su red digital se dedica a fabricar escándalos y confrontación:
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Ha presentado solo dos iniciativas en la Cámara de Diputados, ambas desechadas.
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Ha cobrado más de tres millones de pesos en salario y prestaciones desde el inicio de su encargo.
Su peso político no está en el trabajo legislativo, sino en la operación de propaganda que impulsa a través de una red de cuentas y páginas dedicadas a atacar, distorsionar y amplificar conflictos.
LA CLAVE POLÍTICA
Lo ocurrido en el Corregidora no fue una crisis de gobernabilidad.
Fue una protesta de una barra sancionada por violencia, convertida por una maquinaria digital en un espectáculo político.
El problema no es que una porra proteste.
El problema es que un grupo político —el cartel de Gilberto— glorifique esa protesta, borre su origen violento y la venda como “malestar social” para alimentar una narrativa de odio y confrontación.
