¿Puede confiarse en la policía mexicana? La respuesta, a juzgar por los datos y la historia reciente, sigue siendo incómoda. Al cierre de junio de 2025, en el país laboran más de 415 mil elementos en tareas de seguridad y procuración de justicia, desde policías estatales y municipales hasta la Guardia Nacional. Sin embargo, 70 mil 106 carecen de la Certificación Única Policial, un requisito que debería garantizar la confiabilidad mínima de quienes portan un uniforme.
El dato es revelador: uno de cada seis policías en México no cuenta con certificación. La Guardia Nacional concentra el mayor rezago con más de 31 mil elementos sin validar, seguida de las policías municipales con más de 23 mil efectivos en la misma situación. La Ciudad de México y el Estado de México encabezan la lista de entidades con más policías sin certificar.
Desconfianza histórica
La crisis de confianza en la policía no es nueva. Desde la llamada “Guerra contra el Narco” del expresidente Felipe Calderón hasta la creación de la Guardia Nacional en 2019, el argumento oficial siempre ha sido el mismo: las corporaciones locales están infiltradas. López Obrador lo expresó antes de asumir la presidencia en 2018: “las policías ministeriales, con honrosas excepciones, están echadas a perder, y las municipales y estatales también”.
Seis años después, la realidad no ha cambiado sustancialmente. Municipios como Celaya, Ciudad Juárez, Tlalnepantla o Ecatepec han purgado a cientos de elementos en los últimos años. La justificación se repite: vínculos con el narcotráfico, extorsiones o estar directamente en la nómina del crimen organizado.
Sueldo bajo, corrupción alta
Otro de los factores estructurales es el salario. El 96.5% de los policías en México se encuentran en la escala salarial más baja. El promedio nacional ronda los 10 mil 434 pesos mensuales, aunque en estados del sureste la cifra puede caer hasta los 7 mil 900 pesos. En contraste, un comisario apenas alcanza los 49 mil pesos, cifra modesta si se compara con los riesgos inherentes a la función.
Estos sueldos precarios no solo empujan a la deserción, sino que abren la puerta a la corrupción: la diferencia entre aceptar o no un soborno puede ser la brecha entre la supervivencia familiar y el hambre.
Policías al servicio del narco
El mayor reflejo de la descomposición institucional está en los casos de alto perfil que confirmaron lo que por años se sospechaba: los jefes policiales más poderosos han trabajado para los cárteles.
El ejemplo paradigmático es Genaro García Luna, secretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón, detenido en Estados Unidos y condenado a cadena perpetua por recibir sobornos millonarios del Cártel de Sinaloa. Su mano derecha, Luis Cárdenas Palomino, también cayó por delitos de tortura, pero arrastrando acusaciones de vínculos con el narcotráfico.
En el ámbito municipal, la historia se repite: desde exdirectores de seguridad aliados con La Familia Michoacana hasta mandos locales detenidos por extorsión. La corrupción no distingue escalas: del gabinete presidencial a la comandancia de un pueblo, la policía mexicana se ha mostrado vulnerable a los intereses del crimen organizado.
La otra cara de la ineficiencia
El problema de la falta de confianza no se limita a la relación con los cárteles. La policía también falla en otros frentes estratégicos, como el combate al tráfico de vida silvestre y delitos ambientales. Estudios internacionales muestran que las corporaciones mexicanas carecen de capacitación y coordinación para enfrentar estos retos, lo que permite que mafias locales exploten bosques, selvas y especies sin oposición real.
Un círculo que no se rompe
Entre la falta de certificación, los bajos sueldos, la colusión con el narcotráfico y la ausencia de preparación, la policía mexicana sigue atrapada en un círculo vicioso. La creación de la Guardia Nacional no rompió la dinámica de desconfianza: la corporación militarizada también acumula decenas de miles de elementos sin certificar.
El dilema permanece abierto: mientras la policía siga siendo vista como brazo armado de los gobiernos de turno o como un mercado laboral precarizado y vulnerable al soborno, la confianza ciudadana seguirá ausente. En México, el uniforme aún no garantiza seguridad, sino sospecha.
