CIUDAD DE MÉXICO.- El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), inaugurado en marzo de 2022 como uno de los proyectos insignia de Andrés Manuel López Obrador, se ha convertido en escenario de un fenómeno que exhibe las debilidades de la seguridad aeroportuaria en México: el uso de sus instalaciones para el tráfico de drogas a gran escala.
Entre junio y julio pasados, autoridades federales aseguraron 286 kilogramos de metanfetamina y 253 kilogramos de cocaína, con un valor de 30 millones de dólares en el mercado negro, en operaciones detectadas en el Almacén de Carga Nacional No. 1, operado por la empresa Admerce.
La incautación rompió la tendencia de decomisos menores —generalmente vinculados a “burreros” o contrabando personal— y evidenció que el AIFA ya forma parte de la ruta aérea del narcotráfico internacional.
La empresa y el eslabón sinaloense
Admerce, la firma operadora del almacén, figura en el listado de Operadores de Carga Segura de la Agencia Federal de Aviación Civil desde septiembre de 2023. Curiosamente, su domicilio fiscal está en Culiacán, Sinaloa, epicentro del Cártel de Sinaloa, y sus accionistas principales son Consuelo Díaz Lamarca y Ángela Violeta López, respaldadas por Revueltas Sarabia Asociados.
La compañía fue constituida en 2013 con facultades amplias para la importación, exportación y servicios de mensajería y paquetería, lo que en la práctica la coloca como un actor clave en la logística de transporte aéreo.
Seguridad: el talón de Aquiles
El AIFA inició operaciones con énfasis en la carga, trasladando parte de la actividad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Pero especialistas advierten que los filtros de seguridad no se reforzaron al nivel que exige un hub de este tipo.
Los escáneres para la detección de químicos son costosos y escasos, y el control de personal y accesos sigue siendo frágil. Ello facilita que células delictivas camuflen cargamentos de droga entre miles de piezas legales que llegan diariamente.
Nuevas rutas, viejas prácticas
Aunque la narrativa política de los últimos años ha puesto al fentanilo como la droga de mayor impacto en la agenda binacional, las incautaciones recientes muestran que la cocaína y la metanfetamina siguen fluyendo con fuerza.
La lógica del narco es clara: aprovechar la velocidad y el volumen que ofrece la vía aérea. Cada cargamento de decenas o cientos de kilos puede perderse en las bodegas repletas de mercancías legítimas, a cambio de una inversión adicional en corrupción o logística.
Lo que está en juego
El caso del AIFA revela un dilema mayor: los proyectos de infraestructura emblema del Estado mexicano son tan vulnerables al crimen organizado como cualquier otra instalación, si no se acompañan de inteligencia, tecnología y controles estrictos.
La presencia del narco en un aeropuerto militarizado cuestiona la narrativa oficial de que el AIFA es una obra blindada y estratégica. La realidad es que el crimen organizado no solo se adapta: estrena con rapidez las mismas infraestructuras que el Estado presume como símbolo de soberanía y modernidad.
