Apenas han transcurrido nueve meses desde que Claudia Sheinbaum Pardo asumió la presidencia de la República, y ya se registra una cifra récord en el decomiso de hidrocarburos robados: 69.3 millones de litros incautados, lo que representa un aumento del 50.4% respecto a todo lo asegurado durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Supera también —por mucho— lo incautado en los últimos cuatro años del mandato de Enrique Peña Nieto.
Los datos, confirmados por Petróleos Mexicanos (Pemex) a través de solicitudes de información pública y reforzados en el reporte más reciente del gabinete de seguridad federal, delinean un cambio de tono en la política nacional contra el robo de combustibles. Si bien el fenómeno no es nuevo, su persistencia como delito de alto impacto financiero y criminal ha alcanzado nuevos niveles de visibilidad.
Según los registros oficiales, de 2019 a 2024 se aseguraron apenas 46 millones de litros, siendo 2021 —durante el gobierno de López Obrador— el año con mayor cifra registrada (26 millones de litros). Sin embargo, hacia el final de ese mismo sexenio, los decomisos volvieron a caer a cifras similares a las del periodo peñista: entre 2 y 3 millones anuales.
Fue hasta octubre de 2024, ya bajo la administración de Sheinbaum, cuando comenzó una nueva etapa del combate al huachicol. Solo en 2024 se aseguraron 8.9 millones de litros; pero en 2025, las incautaciones se han acelerado a niveles sin precedentes. En una sola semana —entre el 1 y el 7 de julio— se reportaron 20 millones de litros asegurados, incluyendo el histórico decomiso de 15.4 millones de litros en ferrocarril, en Coahuila.
Un problema estructural, no coyuntural
Especialistas consultados por diversos medios, como Gonzalo Monroy y Juan Carlos Montero, coinciden en señalar que el robo de combustibles no es una práctica reciente, ni exclusiva del presente sexenio. Por el contrario, representa una herencia estructural que ningún gobierno ha enfrentado de manera integral.
Monroy considera que el aumento en las cifras de incautación actuales evidencia un combate más frontal, aunque todavía insuficiente: “Mientras no vayan por los grandes capos y no se desmantelen redes financieras, el problema persistirá. Se está atacando la logística, pero no el corazón económico del negocio”.
Montero, académico del Tec de Monterrey, es aún más crítico: señala una clara omisión de gobiernos anteriores, e incluso la posibilidad de colusión institucional, al permitir el crecimiento del delito sin consecuencias reales. A su juicio, el problema no radica únicamente en la operación logística, sino en la falta de acciones de inteligencia financiera que desmonten el flujo de recursos del crimen organizado.
¿Cambio de narrativa o estrategia de fondo?
Más allá del impacto mediático de los decomisos recientes —incluidos otros operativos destacados en Ensenada (8 millones de litros), Tabasco (3.1 millones) y Tampico (10 millones)— la pregunta de fondo es si el gobierno federal está redefiniendo la estrategia contra el huachicol o simplemente responde a presiones externas, como las que ha planteado Estados Unidos en informes recientes.
El robo de hidrocarburos sigue representando una pérdida diaria de más de 56 millones de pesos para Pemex, según estimaciones conservadoras. Esto significa que, aunque las cifras actuales parezcan contundentes, el problema aún dista de estar controlado. Mientras no haya investigaciones financieras robustas, judicialización de los casos y castigos ejemplares, los decomisos podrían quedar como meros golpes de efecto.
Lo cierto es que Sheinbaum, a diferencia de sus antecesores, ha optado por visibilizar el fenómeno y capitalizar políticamente los resultados, algo que ni Peña Nieto ni López Obrador hicieron con claridad sostenida. La narrativa, por ahora, está de su lado. Pero el verdadero reto será mantener —y profundizar— los operativos, sin que se conviertan en acciones aisladas de contención mediática.
En un país donde el crimen organizado ha demostrado capacidad de adaptación y penetración institucional, la lucha contra el huachicol exige algo más que litros asegurados. Requiere voluntad política sostenida, inteligencia financiera, cooperación internacional y, sobre todo, una limpia interna que aún no llega.
