A dos meses de que María Eugenia Campos Galván cumpla cuatro años al frente del gobierno de Chihuahua, los indicadores en materia de seguridad pública ofrecen un balance preocupante. No se trata de percepciones, sino de datos oficiales provenientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que en su informe más reciente, fechado el 8 de julio, expone con frialdad el lugar que ocupa la entidad en el panorama nacional de violencia.
Chihuahua se encuentra en la cuarta posición entre los estados con mayor número de homicidios dolosos de alto impacto, solo por debajo de Sinaloa —que atraviesa una guerra interna entre grupos criminales—, Guanajuato y Baja California. De acuerdo con el reporte del SESNSP, durante junio de 2025 se contabilizaron 160 asesinatos en Chihuahua, lo que representa el 8.1% del total nacional. Para el primer semestre del año, la entidad sumó 1,050 víctimas de homicidio doloso, colocándose nuevamente en el cuarto lugar con un 7% del total nacional.
El panorama se agrava si se considera que los responsables de conducir la estrategia de seguridad —el fiscal general César Jáuregui Moreno y el secretario de Seguridad Pública estatal, Gilberto Loya Chávez— no solo no han dado resultados, sino que sus perfiles generan cada vez mayor controversia. Mientras el primero llegó sin experiencia real en la materia, el segundo arrastra cuestionamientos por su desempeño y por su falta de arraigo político en la entidad. Ambos, más preocupados por construir plataformas personales de cara a una eventual candidatura en 2027, han descuidado la responsabilidad fundamental que les fue conferida: garantizar la seguridad de las y los chihuahuenses.
Más allá de la cifra de homicidios, hay un dato cualitativo que inquieta: la infiltración del crimen organizado en cuerpos de seguridad municipales y estatales. Las narcomantas y los señalamientos públicos, aunque no constituyen pruebas per se, sí revelan un deterioro institucional que se ha vuelto inocultable. Los relatos de complicidades, omisiones y corrupción interna ya forman parte del imaginario colectivo, ese que, llegado el momento electoral, pesa más que cualquier discurso.
El dilema para la gobernadora Campos Galván no es menor. Fue elegida en 2021 con el respaldo de una ciudadanía cansada del fracaso de su antecesor, Javier Corral Jurado, cuyo gobierno —más centrado en disputas políticas y persecuciones selectivas— se desentendió de las exigencias básicas de gobernabilidad. La ciudadanía esperaba, al menos, una contención efectiva del crimen, pero lo que ha recibido es continuidad de la violencia, ahora acompañada de una narrativa triunfalista desconectada de la realidad.
A esto se suma el intento de posicionamiento político de Jáuregui y Loya como posibles candidatos en 2027, respectivamente para la alcaldía de Chihuahua y la gubernatura del estado. La sola posibilidad genera escozor entre distintos sectores, incluso dentro del PAN. En el terreno electoral, las figuras con saldos negativos suelen ser sacrificadas antes de que afecten la marca partidaria. Y hoy, los dos responsables del área más sensible del gobierno estatal no solo arrastran cifras rojas, sino también una grave crisis de confianza pública.
El gobierno de Maru Campos aún tiene margen para rectificar, pero el tiempo se agota. La violencia no puede seguir siendo abordada con discursos evasivos ni con estrategias enfocadas en el lucimiento personal de sus operadores políticos. Si realmente desea construir un legado, la mandataria tendrá que tomar decisiones difíciles: evaluar a fondo el desempeño de su equipo de seguridad y asumir el costo político de remover a quienes no han cumplido.
Porque en política, como en la vida pública, los números pesan. Y en Chihuahua, la inseguridad se ha vuelto el pasivo más peligroso del actual sexenio.
