Desde el inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, los observadores políticos más atentos detectaron una anomalía en el discurso presidencial: el trato deferente, casi cortés, hacia su antecesor, Enrique Peña Nieto. Mientras otros expresidentes eran llamados “neoliberales” o “corruptos”, al mexiquense se le reservaba el título casi protocolario de “el licenciado Peña Nieto”.
El contraste fue notorio y, para muchos, indicativo de algo más profundo. ¿Un pacto? ¿Un acuerdo político de no agresión? No hay documento firmado, ni testimonio directo. Pero los hechos hablan. En seis años, López Obrador no permitió que su administración tocara a Peña Nieto, pese a los escándalos de Odebrecht, la Estafa Maestra, OHL y otros tantos casos de corrupción documentada durante el sexenio 2012-2018. La Fiscalía General de la República miraba hacia otros lados, mientras el expresidente mantenía un exilio voluntario y silente en España.
La narrativa pareció resquebrajarse hace apenas unos días.
En el documental “Texcoco: la decisión del Presidente”, estrenado por Canal 14, el propio Peña Nieto aparece en cámara, defendiendo la obra cancelada del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) —uno de los símbolos del nuevo régimen, y de los “ahorros” que justificaron el arranque de la Cuarta Transformación. “No se han presentado pruebas de corrupción”, dice el expresidente, con serenidad, pero también con un dejo de reclamo.
El gesto no pasó desapercibido. Años de mutua cautela fueron desafiados con una sola frase, y con una presencia inesperada. Apenas unos días después, versiones publicadas en un medio israelí, The Times of Israel, dieron cuenta de presuntos sobornos entregados a funcionarios mexicanos durante el gobierno de Peña. La nota —poco difundida en medios nacionales— encendió las alarmas.
Este lunes, la Fiscalía General de la República anunció que ha iniciado una investigación en contra del exmandatario.
¿Coincidencia? ¿Casualidad? ¿O el aviso de que la paciencia se agotó?
El sistema político mexicano ha sido históricamente operado por silencios pactados y acuerdos informales. Lo que no se dice pesa tanto como lo que se declara. Durante todo el sexenio, Peña Nieto cumplió su parte: se mantuvo al margen, no interfirió, no cuestionó. A cambio, gozó de una paz relativa —ni exilio ni persecución. Pero aparecer públicamente para poner en duda una de las decisiones más emblemáticas del actual gobierno, en pleno cierre de sexenio, puede haber cruzado una línea roja.
En Palacio Nacional, nada es gratuito. El momento es clave: a semanas de la elección presidencial, con Claudia Sheinbaum preparando la transición, y con López Obrador buscando blindar su legado. En ese tablero, cualquier movimiento —incluso un testimonio frente a cámara— puede ser interpretado como un desafío. Y los desafíos, en el México presidencialista, suelen tener costos.
La pregunta que queda en el aire no es menor: ¿Peña Nieto rompió el pacto? ¿O fue solo un descuido calculado para intentar lavar su nombre ante la historia?
La respuesta no está en una carpeta de investigación. Está en la forma en que el sistema castiga a quienes osan hablar cuando se esperaba silencio. Y en cómo, aún hoy, el pasado sigue dictando las reglas del presente.
