El dato suena bien. Demasiado bien para ser cierto.
El Gobierno federal presume que la violencia letal contra mujeres en México bajó de 10.5 a 7.6 víctimas diarias entre 2019 y 2025. Una reducción del 27.2%, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Pero detrás del número hay una pregunta incómoda:
¿realmente bajó la violencia… o cambió la forma de registrarla?
Porque los mismos datos oficiales revelan una contradicción estructural: mientras se presume la baja, México mantiene niveles críticos de desapariciones, homicidios dolosos y violencia sistemática contra mujeres.
Y ahí está la clave.
Diversos análisis en materia de seguridad han documentado un fenómeno recurrente en los últimos años: la reclasificación de feminicidios como homicidios dolosos, lo que permite reducir artificialmente la incidencia del delito más grave sin disminuir la violencia real.
Es decir: el delito no desaparece, solo cambia de etiqueta.
El propio comportamiento de las cifras lo confirma.
Entre 2019 y 2022, el promedio se mantuvo prácticamente igual —alrededor de 10 víctimas diarias—, sin cambios sustanciales. Es hasta 2023 cuando comienza una baja abrupta.
No hay, sin embargo, un cambio estructural equivalente en política pública, seguridad o procuración de justicia que explique esa caída.
Lo que sí hay es un patrón.
En paralelo, el país sigue registrando niveles alarmantes de violencia:
– Estados como Guanajuato, Michoacán, Guerrero y Baja California concentran casi el 40% de homicidios de mujeres
– Mientras que Sinaloa, CDMX, Veracruz y Chiapas concentran el 41% de feminicidios
La violencia no se fue. Se redistribuyó… y se reetiquetó.
Además, organizaciones civiles han advertido que el delito de feminicidio exige criterios específicos de acreditación, lo que en la práctica permite a fiscalías estatales optar por clasificaciones más simples —como homicidio— para reducir carga investigativa y mejorar indicadores.
El resultado: cifras “a la baja” que no necesariamente reflejan menos violencia, sino menor reconocimiento del delito.
A esto se suma el problema del subregistro.
México enfrenta una crisis paralela de personas desaparecidas, muchas de ellas mujeres, cuyos casos no siempre se integran en las estadísticas de feminicidio u homicidio.
La ecuación es clara:
menos registros no significa menos víctimas.
Y mientras el discurso oficial celebra avances, los datos duros —y las víctimas— siguen contando otra historia.
Porque en México, la estadística también se gobierna.
Y cuando eso ocurre, la verdad se vuelve incómoda.
