CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.— Ejército, Marina, la Fiscalía General de la República y Pemex aseguraron el pasado 10 de agosto 348 mil 700 litros de un líquido irregular, nueve tractocamiones, un autotanque, 22 toneles, 16 contenedores de acero móviles, una tolva y 25 vehículos en un operativo realizado en el municipio de Güémez, en los límites con Victoria. Catorce personas quedaron detenidas.
El gobernador Américo Villarreal Anaya calificó el hallazgo como motivo de “mucho gusto” y lo presentó como evidencia de que los operativos federales contra el huachicol están rindiendo resultados en la entidad. También reconoció que el gobierno estatal desconoce el detalle de varios de estos casos por tratarse de investigaciones federales cerradas, y que “no sabemos ni siquiera si son o no hidrocarburos” hasta que llegue la información oficial completa.
El hallazgo se suma a un problema que el propio gobierno federal ha documentado desde adentro. La Auditoría Superior de la Federación revisó los registros aduaneros del país entre 2019 y 2024 y calculó que el fisco dejó de cobrar 554 mil 750 millones de pesos en IEPS por combustible que entró sin declararse como tal: más de 120 mil millones de litros que circularon amparados como “lubricantes, aceites o aditivos” —productos exentos del impuesto— en lugar de gasolina o diésel.
Tamaulipas concentra buena parte de ese tráfico por razones que el propio gobernador ha explicado públicamente: comparte frontera con Texas y Luisiana, donde se ubica más de la mitad de las refinerías estadounidenses, además de los puertos de Tampico y Altamira.
Lo que falta ver ahora es si a las 14 detenciones de Güémez les sigue una consignación real. Ese, y no el volumen incautado en un solo operativo, es el indicador que mediría si el combate al huachicol fiscal está funcionando o solo se está fotografiando.
