Trenton, Nueva Jersey.— El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, firmó una ley que convierte al estado en el primero en los Estados Unidos en asignar fondos estatales para la investigación universitaria de Fenómenos Aéreos No Identificados (UAP, por sus siglas en inglés), una denominación oficializada en años recientes para sustituir al término “ovni” en contextos científicos y de seguridad.
La legislación, conocida como Assembly Bill 5712 / Senate Bill 4432, fue aprobada por ambas cámaras de la Asamblea y contempla un presupuesto de 3.5 millones de dólares anuales destinado a dos programas principales:
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2.5 millones de dólares destinados a subvenciones para universidades del estado que deseen establecer un Centro de Estudios de Fenómenos Aéreos No Identificados, con el objetivo de impulsar investigación académica sobre estos eventos y su relación con la seguridad del espacio aéreo.
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1 millón de dólares para un programa de cancelación de préstamos estudiantiles para controladores de tráfico aéreo (Air Traffic Controller Loan Redemption Program), diseñado para enfrentar la escasez de profesionales en esta área y mejorar la capacidad de vigilancia y seguimiento de actividades inusuales en el cielo.
La iniciativa recibió apoyo de la organización Americans for Safe Aerospace (ASA), que agrupa a pilotos y profesionales de aviación que abogan por un abordaje científico y sin estigma de los reportes de UAP. Según miembros de ASA, la falta de un entorno formal de investigación y canales oficiales de reporte ha limitado la recopilación de datos confiables y la participación de pilotos y controladores en la documentación de avistamientos.
El establecimiento de un centro universitario financiado por el estado pretende crear protocolos estandarizados para la recolección, análisis y estudio riguroso de datos relacionados con UAP, así como reducir el estigma profesional que muchos testigos enfrentan al reportar observaciones inusuales en el espacio aéreo.
Las instituciones interesadas en acceder a los fondos deberán demostrar su capacidad técnica y su participación en iniciativas relacionadas con aviación y sistemas no tripulados, como parte de los criterios para ser elegibles para las subvenciones.
Representantes del gobierno estatal y de ASA han señalado que esta legislación podría convertirse en un modelo para otros estados, con miras a crear una red multicentro que contribuya a la comprensión científica y operacional de los UAP y su impacto en la seguridad aérea.
