El Gobierno no a, más que comprobado a lo largo de décadas, su incompetencia en el manejo del servicio de energía eléctrica al pueblo mexicano, y siguen aferrados; ¿es el manejo de la lana de la CFE el interés?
Ciudad de México, 17 de diciembre de 2025.-El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene su postura de otorgar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) al menos el 54% de la generación eléctrica nacional, limitando la participación privada al 46% bajo esquemas regulados por el Estado.
Esta posición, respaldada en la reforma constitucional de 2024 y las leyes secundarias promulgadas este año, se presenta como una medida para garantizar la soberanía energética y corregir los presuntos excesos de la reforma de 2013.
Sin embargo, analistas, inversionistas y sectores de la sociedad civil cuestionan esta centralización, argumentando que perpetúa décadas de ineficiencia operativa, casos recurrentes de corrupción y rezagos en infraestructura, independientemente del partido político en el poder.
La CFE administra recursos públicos por cientos de miles de millones de pesos anuales, incluyendo adquisiciones de combustibles, construcción de plantas y mantenimiento de la red de transmisión. Estos flujos han sido objeto de irregularidades en distintos periodos administrativos.
Irregularidades históricas sin distinción partidista Durante gobiernos del PRI y del PAN se registraron escándalos como los contratos de gasoductos con sobrecostos en la administración de Enrique Peña Nieto, así como casos vinculados a empresas internacionales como Odebrecht y Vitol, que involucraron presuntos sobornos a funcionarios públicos.
En la actual administración, auditorías han detectado observaciones por miles de millones de pesos pendientes de aclarar, incluyendo adjudicaciones directas cuestionadas y señalamientos de irregularidades en contratos recientes.
México ocupa en 2024 su peor posición histórica en el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional (puntaje 26/100, lugar 140 de 180 países), lo que refleja un deteriorado entorno de rendición de cuentas en el sector público.Rezagos operativos y costos para los usuarios
El sistema eléctrico nacional enfrenta desafíos estructurales acumulados, como insuficiencia en líneas de transmisión y mantenimiento diferido, que han contribuido a episodios de apagones en años recientes y generan riesgos para 2026 ante el aumento de la demanda por fenómenos como el nearshoring y olas de calor extremo.
En materia tarifaria, México mantiene una de las electricidades más costosas para el sector industrial en el continente americano (alrededor de 0.21 USD/kWh en promedio), posicionándose entre las diez más elevadas, lo que afecta la competitividad empresarial. Aunque las tarifas domésticas se benefician de subsidios significativos financiados con recursos fiscales, estos representan una carga sustancial para las finanzas públicas.
Impacto en la inversión privada
La reciente regulación ha generado incertidumbre entre inversionistas, quienes advierten que la limitación al 46% de participación privada y la planeación centralizada podrían desacelerar la entrada de capital necesario para expandir la capacidad de generación, especialmente en fuentes renovables.
Tras la reforma de 2013, la inversión privada alcanzó niveles récord; sin embargo, desde 2019 se registró una caída significativa, tendencia que persiste en 2025 según reportes especializados.
Expertos coinciden en que la corrupción en el sector requiere, en la mayoría de los casos, colusión entre actores privados y funcionarios públicos, y que su persistencia obedece más a la debilidad institucional que al modelo de propiedad en sí. Proponen fortalecer la independencia de los órganos reguladores, garantizar transparencia total en licitaciones y contratos, así como establecer mecanismos efectivos de sanción.
Mientras el gobierno federal insiste en que el modelo actual equilibra la participación privada con las necesidades nacionales, críticos sostienen que, sin reformas profundas en gobernanza y rendición de cuentas, el control estatal mayoritario continuará asociado a ineficiencias y riesgos para los usuarios finales.
El éxito de la estrategia energética dependerá, en última instancia, de la capacidad para generar confianza jurídica y atraer las inversiones requeridas para modernizar el sistema eléctrico nacional.
