La Presidente, Claudia Scheinbaum malabareó para evitar tocar el tema de cuánto debe, y que seremos los contribuyentes los que carguemos con los errores y deudas de la empresa
Durante la conferencia matutina, el Gobierno federal abordó la situación financiera de Petróleos Mexicanos (Pemex) sin presentar cifras concretas sobre su nivel de endeudamiento ni sobre el impacto que este tendrá en las finanzas públicas, recurriendo a una narrativa política que sustituyó los datos duros por conceptos generales como “empresa pública”, “acompañamiento del Estado” y “problemas de flujo”.
Aunque Pemex enfrenta una deuda financiera cercana a los 100 mil millones de dólares, este monto no fue mencionado durante el intercambio. Tampoco se precisó el tamaño del adeudo con proveedores ni el costo fiscal de los apoyos que el gobierno ha otorgado y seguirá otorgando a la petrolera.
En lugar de cifras, la presidenta insistió en definir a Pemex como una empresa pública estratégica, una caracterización que, en términos fiscales, implica que sus pasivos cuentan con respaldo del Estado. Sin decirlo de forma directa, este encuadre traslada la discusión del terreno financiero al político, evitando reconocer que los compromisos de la petrolera representan un riesgo que recae finalmente en los contribuyentes.
Otro recurso narrativo fue calificar la situación como un “problema de flujo” y no como un problema estructural. Esta formulación permitió admitir retrasos en pagos a proveedores sin cuantificar los montos ni establecer un calendario de liquidación, diluyendo así la magnitud real del adeudo y sus efectos en la cadena productiva del sector energético.
En el tema de la calificación crediticia, el Ejecutivo señaló que Pemex se encuentra “bajo observación” por parte de las agencias calificadoras, pero evitó detallar el nivel del rating, la perspectiva o el costo financiero que implica el respaldo gubernamental. La ausencia de estos datos impidió dimensionar cuánto cuesta mantener a Pemex con acceso a financiamiento y qué presión ejerce sobre el presupuesto federal.
Especialistas en finanzas públicas señalan que, al omitir cifras y enfatizar el carácter público de la empresa, el gobierno construye una narrativa que normaliza el rescate permanente de Pemex sin transparentar su impacto fiscal. En términos prácticos, explican, cada apoyo presupuestal, reducción fiscal o inyección de capital se traduce en recursos que provienen del erario, es decir, de los impuestos de los ciudadanos.
El bloque dedicado a Pemex cerró sin números, sin estimaciones y sin compromisos medibles, dejando claro que, al menos en la mañanera, la petrolera fue defendida más como símbolo político que como empresa con estados financieros que deben rendir cuentas.
