Ciudad de México, 08 de enero de 2026.-El Tren Interoceánico está entrampado; se ha quedado desierto en el tema de la seguridad porque nadie participó en las licitaciones, por lo que quedó a cargo de la Marina Armada de México, y en la mira de las víctimas que ven por denunciar al Gobierno por los fallos sistémicos.
De acuerdo a la información que se cruzó con los reporteros en la conferencia matutina de la Presidente, Claudia Scheinbaum, la licitación para contratar seguridad privada fue declarada desierta, al no cumplirse los requisitos establecidos por la autoridad.
Ante esta situación, el resguardo del tren y de la infraestructura ferroviaria permanece bajo responsabilidad directa de la Secretaría de Marina, instancia que, de acuerdo con el Ejecutivo, ha estado a cargo de la seguridad del proyecto desde su operación inicial.
La presidenta señaló que, mientras se relanza el proceso de licitación, se otorgó una ampliación temporal del contrato a la empresa que prestaba el servicio, conforme a la ley, con el fin de no dejar sin cobertura los accesos y tramos operativos.
En cuanto al accidente, las autoridades reconocieron que la investigación aún no ha concluido y que el dictamen final depende de los peritajes realizados por la Fiscalía General de la República y las instancias técnicas correspondientes. Aunque no se detectaron fallas previas en el tramo ferroviario, se indicó que será la fiscalía la encargada de determinar las causas y, en su caso, deslindar responsabilidades.
Respecto a las víctimas, el Gobierno federal afirmó que existe una carpeta de investigación abierta de oficio, por lo que no es necesario que las familias presenten denuncias adicionales para que se continúe el proceso legal. Asimismo, se reiteró el compromiso de garantizar una reparación integral del daño, conforme a la Ley General de Víctimas y a protocolos nacionales e internacionales.
El Ejecutivo llamó a las familias a no dejarse presionar por bufetes privados que, según se advirtió, suelen ofrecer representación sin costo inicial, pero posteriormente cobran un porcentaje de la indemnización, asegurando que el Estado asumirá su responsabilidad institucional en el proceso de atención y compensación.
Debate con los reporteros
El tema del Tren Interoceánico generó uno de los intercambios más tensos de la conferencia, a partir de los cuestionamientos de un reportero de El Universal, quien puso en el centro la seguridad, la investigación del accidente y la atención a las víctimas.
El reportero preguntó directamente por qué la licitación para contratar seguridad privada fue declarada desierta, si actualmente el tren opera en todo su recorrido y quién está a cargo del resguardo real de la infraestructura. También cuestionó el avance de la investigación, al señalar que habían pasado ya dos semanas sin que se diera a conocer un dictamen oficial, así como si se había recuperado información técnica clave del incidente.
La presidenta respondió que, en efecto, la licitación quedó desierta porque las empresas no cumplieron con los requisitos solicitados, pero subrayó que la seguridad del tren nunca ha quedado desatendida, ya que la Secretaría de Marina es la responsable del resguardo desde el inicio del proyecto. Aclaró que la seguridad privada solo controla accesos específicos y que, de manera temporal, se amplió el contrato de la empresa que ya prestaba el servicio mientras se relanza el proceso de licitación.
Sobre la investigación del accidente, la presidenta y el secretario de Marina señalaron que la indagatoria está en manos de la Fiscalía General de la República, que mantiene la cadena de custodia y realiza los peritajes correspondientes. Reconocieron que aún no hay dictamen, y que los tiempos dependen exclusivamente de los peritos y de la complejidad técnica del análisis. Negaron que se hayan detectado anomalías previas en el tramo ferroviario, insistiendo en que fue construido conforme a estándares internacionales, aunque dejaron abierto el resultado final a lo que determine la fiscalía.
El intercambio subió de tono cuando el reportero preguntó por las denuncias presentadas por un bufete de abogados y por el PAN, así como por los señalamientos que apuntan a presuntas responsabilidades políticas. En respuesta, la presidenta afirmó que las víctimas tienen pleno derecho de acudir a abogados, pero sostuvo que no es necesario para que exista una investigación ni para garantizar la reparación del daño, ya que la fiscalía abrió una carpeta de oficio por la muerte de 14 personas.
La mandataria advirtió que algunos bufetes lucran con el dolor de las víctimas, al quedarse con un porcentaje de la indemnización, y aseguró que el Estado se hará cargo de una reparación integral del daño, independientemente de las denuncias adicionales que se presenten. Sobre las acusaciones políticas, evitó entrar al fondo y reiteró que será la fiscalía la que determine responsabilidades conforme a la ley.
