Querétaro, Qro.— Los señalamientos difundidos en torno a la dirigente estatal de Morena en Querétaro y su hijo provocaron este miércoles reacciones en el Congreso local, donde legisladores coincidieron en que cualquier posible agresión contra una persona con discapacidad debe ser investigada con seriedad, aunque sin adelantar responsabilidades.
El diputado Antonio Zapata Guerrero fijó postura al ser cuestionado sobre el caso y subrayó que la protección de las personas con discapacidad debe estar por encima de filiaciones partidistas o cargos públicos.
Aunque aclaró que no conoce directamente el expediente ni los elementos que integran el asunto, consideró que, en caso de demostrarse una agresión y existir participación de algún funcionario, las consecuencias no deberían limitarse únicamente al ámbito legal.
“Si se ostenta el cargo de diputado o funcionario en cualquier nivel, le debe costar el puesto”, expresó.
Zapata insistió en que no puede emitir una sentencia sobre una persona en particular sin conocer las pruebas, pero señaló que una eventual víctima en condición de discapacidad requiere una protección reforzada por parte de las instituciones.
El legislador remarcó además que el tema debe analizarse desde la defensa de derechos y no desde la confrontación partidista.
Morena pide no adelantar conclusiones
Desde Morena, la presidenta del Consejo Estatal, Rosalba Vázquez, tomó distancia del asunto y explicó que el partido no tiene intervención directa en conflictos de carácter familiar.
Indicó que corresponderá a la persona involucrada atender cualquier procedimiento existente ante las instancias competentes.
Por separado, la diputada Andrea Tovar Saavedra señaló que, dependiendo de lo que determinen las autoridades, el caso eventualmente podría llegar a las instancias internas de Morena, entre ellas la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.
Tovar pidió mantener el principio de presunción de inocencia y evitar que los señalamientos públicos sustituyan las investigaciones formales.
También planteó dudas sobre la forma en que información de carácter familiar o vinculada con posibles procedimientos legales llegó al espacio público.
El caso ha generado una discusión que rebasa el ámbito partidista: por un lado, el derecho a la privacidad y a la presunción de inocencia; por otro, la obligación de las autoridades de proteger de manera reforzada a niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad cuando existen señalamientos que pudieran implicar vulneraciones a sus derechos.
Hasta ahora no existe una resolución definitiva que determine responsabilidades, por lo que cualquier imputación deberá ser acreditada ante las autoridades correspondientes.
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