Tequila, Jalisco. — El alcalde del municipio de Tequila, Diego Rivera Navarro, detenido por autoridades federales acusado de delincuencia organizada, extorsión y presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tenía a presuntos delincuentes en la nómina municipal.
De acuerdo con investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), el edil habría encabezado una red de corrupción desde el Ayuntamiento, utilizando dependencias municipales para extorsionar a empresarios, imponer multas ilegales y ejercer control territorial con apoyo de presuntos integrantes del crimen organizado.
Extranjeros y presuntos criminales en la nómina
Una de las acusaciones más delicadas proviene de testimonios de funcionarios municipales, entre ellos una regidora, quien señaló que el alcalde tenía en la nómina del Ayuntamiento a personas extranjeras —principalmente colombianos— así como individuos vinculados al CJNG, sin funciones claras ni justificación administrativa.
Según las denuncias, estas personas habrían operado como estructura de apoyo y control, amparadas por el poder municipal y, en algunos casos, con presencia armada.
Extorsión a destilerías y empresarios
Las investigaciones federales también apuntan a que Rivera Navarro extorsionaba a destilerías de tequila, cerveceras y comercios locales, amenazándolos con clausuras, sanciones administrativas y bloqueos operativos si no realizaban pagos ilegales.
Autoridades señalan que el esquema habría generado millones de pesos anuales, parte de los cuales presuntamente eran entregados al grupo criminal como “cuota” por protección y respaldo.
Operativo federal y más funcionarios implicados
La detención del alcalde ocurrió durante un operativo federal coordinado, en el que también fueron arrestados otros funcionarios municipales, entre ellos el director de Seguridad Pública, Obras Públicas y Catastro, lo que apunta a una estructura institucional cooptada por intereses criminales.
Reacciones oficiales
Desde el gobierno federal se afirmó que ningún cargo público ni partido político puede servir como escudo para la delincuencia, y se subrayó que la investigación se basa en denuncias, pruebas documentales y testimonios.
Hasta el momento, Diego Rivera Navarro no ha emitido una postura pública, y su defensa legal no ha ofrecido declaraciones formales.
Un golpe a la gobernabilidad local
El caso del alcalde de Tequila se suma a una serie de investigaciones que revelan la penetración del crimen organizado en gobiernos municipales, particularmente en zonas estratégicas para la economía regional.
Las autoridades han reiterado que el proceso continuará conforme a derecho y que las acusaciones deberán ser probadas ante un juez, mientras el funcionario enfrenta el proceso bajo el principio de presunción de inocencia.
