CIUDAD DE MÉXICO.— Enrique Inzunza Cázarez volvió a aparecer públicamente y ahora prepara su regreso presencial al Senado de la República, pero hay algo que no ha desaparecido: la acusación penal formal presentada en Estados Unidos que lo coloca, junto con otros funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, bajo señalamientos por narcotráfico y delitos relacionados con armas.
El senador de Morena fue captado la mañana de este martes 25 de agosto en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, antes de abordar el vuelo 162 de Aeroméxico con destino a Culiacán, que despegó alrededor de las 7:48 horas.
Viajar libremente dentro de México no constituye delito ni demuestra por sí mismo cambio alguno en su situación jurídica.
Lo relevante es el contexto.
Inzunza confirmó que el próximo 30 de agosto pretende acudir presencialmente a la reunión plenaria de Morena y posteriormente reincorporarse a las sesiones ordinarias del Senado, después de más de cien días sin actividad presencial regular en la Cámara Alta.
Y pretende hacerlo conservando su escaño y la protección constitucional inherente al cargo.
Ahí comienza el problema político.
No es un señalamiento de redes: existe un indictment
El expediente estadounidense no nació de una publicación en redes sociales ni de una acusación de la oposición mexicana.
El 29 de abril de 2026, la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York informó oficialmente que fue revelada una acusación formal contra Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza Cázarez y otras ocho personas, entre funcionarios y exfuncionarios sinaloenses.
En el caso de Inzunza, el Departamento de Justicia estadounidense enumera tres cargos:
- conspiración para importar narcóticos;
- posesión de ametralladoras y artefactos destructivos;
- conspiración para poseer ese tipo de armamento.
La fiscalía estadounidense sostiene además que los acusados presuntamente conspiraron con dirigentes del Cártel de Sinaloa para facilitar la introducción de grandes cantidades de droga a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos.
La propia acusación describe a Inzunza como senador mexicano y exsecretario general de Gobierno de Sinaloa.
No se trata, por tanto, de una simple “investigación periodística” contra un político.
Existe una acusación penal presentada por fiscales federales estadounidenses y aprobada dentro del sistema judicial de ese país.
Eso tampoco significa que Inzunza sea culpable.
El Departamento de Justicia establece expresamente que los cargos son acusaciones y que todos los señalados deben ser considerados inocentes mientras no se demuestre su culpabilidad.
La acusación toca directamente al poder político de Sinaloa
El contenido del expediente resulta particularmente grave porque la teoría de los fiscales estadounidenses no describe únicamente operaciones de narcotráfico.
Describe una presunta relación entre estructuras criminales y servidores públicos.
Según la acusación estadounidense, Inzunza habría participado en reuniones y comunicaciones relacionadas con dirigentes de “Los Chapitos” y con acuerdos para brindar protección institucional a actividades del Cártel de Sinaloa.
Esas afirmaciones forman parte de la acusación del gobierno estadounidense y no han sido probadas mediante una sentencia firme.
Inzunza las ha rechazado desde el primer día.
El 29 de abril calificó las imputaciones como falsas y dolosas y sostuvo que se trataba de un ataque contra Morena, la Cuarta Transformación y el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Pero negar una acusación tampoco la extingue.
El indictment continúa siendo un documento judicial vigente mientras no exista una determinación que lo modifique, deseche o resuelva.
¿Regresar al Senado como si nada?
Ese es ahora el verdadero debate.
No se trata de impedir que Enrique Inzunza ejerza sus derechos ni de declarar culpable a quien todavía no ha sido condenado.
Se trata de preguntarse si un senador acusado formalmente en Estados Unidos de delitos relacionados con narcotráfico y armas debe reincorporarse plenamente a sus funciones mientras su situación permanece sin resolverse.
Incluso dentro de Morena ya surgieron voces que consideran que no.
El diputado morenista Arturo Ávila sostuvo este lunes 24 de agosto que sería un “error” y una “imprudencia” el regreso de Inzunza y consideró que debería solicitar licencia para enfrentar los señalamientos sin la protección constitucional del cargo.
La presidenta Claudia Sheinbaum, por su parte, evitó ordenarle que se separe y señaló este martes que cada persona debe tomar sus propias decisiones, al tiempo que remitió el asunto a las investigaciones correspondientes.
El senador insiste en regresar.
Y sostiene que nunca abandonó su responsabilidad legislativa, pues asegura que durante estos meses continuó trabajando en dictámenes y participó de manera virtual en actividades de comisión.
El fuero vuelve al centro
Pero existe una contradicción política difícil de ignorar.
Desde que estalló el caso, Inzunza ha manifestado que está dispuesto a enfrentar las acusaciones y que no pretende esconderse.
Sin embargo, sigue siendo senador.
Y mientras conserve el cargo, conserva también el régimen constitucional aplicable a los legisladores federales.
Por eso la exigencia de licencia tiene un contenido que va más allá de Morena.
La pregunta es sencilla:
si asegura que no necesita protección política para demostrar su inocencia, ¿por qué no separarse temporalmente del Senado hasta que las investigaciones avancen?
Solicitar licencia tampoco equivaldría a admitir culpabilidad.
Sería una decisión política para evitar que el ejercicio del cargo, la inmunidad procesal y una investigación de esta magnitud terminen mezclándose.
Rocha se fue; Inzunza quiere volver
El escenario tampoco puede separarse de lo ocurrido con Rubén Rocha Moya.
El gobernador sinaloense intentó regresar al cargo después de su licencia, pero su reincorporación provocó una reacción política incluso dentro del oficialismo. Morena, aliados y la propia presidenta terminaron distanciándose de la decisión y Rocha volvió a separarse del gobierno.
Ahora Inzunza pretende hacer prácticamente el movimiento contrario: regresar al primer plano político.
La diferencia es que su asiento está en el Senado.
Y ahí Morena tendrá que decidir hasta dónde llega su discurso de combate a la corrupción y de separación entre poder político e intereses particulares.
Porque una cosa es defender la presunción de inocencia —que debe respetarse— y otra es pretender que una acusación federal por narcotráfico presentada en Nueva York desaparece simplemente porque el señalado vuelve a ocupar su curul.
La congruencia también se vota
Enrique Inzunza puede defenderse.
Puede negar los hechos.
Puede presentar pruebas.
Puede recurrir a tribunales.
Y tiene derecho a que no se le declare culpable antes de una sentencia.
Pero Morena también tiene una responsabilidad política frente al país.
Si durante años sostuvo que nadie debía escudarse en el poder para enfrentar investigaciones, ahora tiene frente a sí una prueba concreta.
Un senador de su bancada está formalmente acusado por fiscales estadounidenses de conspiración para importar narcóticos y delitos relacionados con armamento, y pretende regresar presencialmente al Senado el próximo 30 de agosto.
La pregunta ya no es únicamente qué hará Enrique Inzunza.
La pregunta es qué hará Morena cuando llegue y vuelva a sentarse en su curul.
Porque combatir la corrupción y la impunidad es sencillo cuando el acusado pertenece al adversario.
La prueba comienza cuando el expediente alcanza a los propios.
