Por esto, el gobierno empezó a atender el caso repartiendo 30 mil pesos para sofocar anticipadamente, el escándalo que se venía
Ciudad de México, 02 de enero de 2026.-El descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca el 28 de diciembre de 2025, que dejó al menos 14 muertos y más de 100 heridos graves, no solo expuso fallas técnicas catastróficas, sino una negligencia deliberada y escandalosa: el Estado mexicano permitió la operación de un servicio de pasajeros sin una póliza de seguro activa para cubrir a los usuarios.
Aunque durante el accidente existía una cobertura limitada (hasta 400 mil pesos por víctima, según contratos previos), lo alarmante, es que la licitación para renovar el seguro de pasajeros para 2026 fue declarada desierta en diciembre de 2025, sin que ninguna aseguradora presentara propuestas.
Esto significa que, a partir del 1 de enero de 2026, el tren opera —o reanudará operaciones— completamente desprotegido para los pasajeros, en un acto de irresponsabilidad que raya en lo criminal, especialmente tras una tragedia que evidenció los riesgos mortales.
Los 30 mil pesos entregados por el gobierno federal como «apoyo emergente» a lesionados y familiares no son más que una migaja insignificante, un intento burdo de maquillar la ausencia de indemnizaciones automáticas y plenas.
Estos recursos discrecionales no sustituyen la reparación integral del daño que el Estado está obligado a proporcionar: daño moral, gastos funerarios, pérdida de ingresos y atención médica ilimitada para las víctimas y sus deudos.
Con fallecidos confirmados —incluyendo menores y ancianos—, la ley exige de inmediato la apertura de carpetas de investigación por homicidio culposo, lesiones culposas y responsabilidades administrativas directas contra funcionarios que autorizaron la operación en condiciones de vulnerabilidad extrema.
Operar un transporte masivo sin prever mecanismos financieros de protección no es una «omisión administrativa»: es una falta grave que pone en evidencia la priorización de la propaganda política sobre la seguridad ciudadana.
Especialistas en derecho administrativo y seguridad ferroviaria coinciden: el Estado, como operador directo a través de la Secretaría de Marina, tenía la obligación inexcusable de anticipar riesgos inherentes a una vía rehabilitada en zona montañosa y garantizar coberturas robustas.
La falta de interés de las aseguradoras en licitar refleja, quizá, una percepción de alto riesgo no mitigado, lo que agrava el señalamiento de negligencia.
Hasta la fecha, las autoridades guardan silencio absoluto sobre cuántas investigaciones penales se han iniciado, quiénes son los responsables directos de no concretar el seguro renovado y cómo se garantizará una reparación digna y no discrecional a las familias destrozadas. Esta opacidad solo profundiza la incertidumbre y la indignación.
Más allá de las causas técnicas —velocidad excesiva en curva, posibles fallas en frenos o mantenimiento deficiente—, la preguntas obligadas son; ¿quiénes en el gobierno federal y en la Marina autorizaron seguir operando un tren de pasajeros sabiendo que no contaban con protección adecuada para 2026, y por qué no actuaron con urgencia tras la tragedia?
